Pacto Nacional para la Reforma Educativa
en la RD.
PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA EDUCATIVA
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
(2014-2030)
1 de abril de 2014
Palacio Nacional
Santo Domingo, República Dominicana
Tabla de Contenido
Preámbulo
1.
Bases del Pacto Nacional para la Reforma Educativa
2.
Sobre la visión compartida de la educación dominicana
3. Sobre la democratización e igualdad
de oportunidades para acceder a la educación desde el nivel inicial al nivel
superior
.Para
la educación preuniversitaria
.Para
la educación superior
.Para
la educación y formación técnico- profesional
.Respecto
a los instrumentos de equidad que favorecen la entrada y la permanencia en el
sistema educativo
4. Sobre la calidad y pertinencia de los
aprendizajes en todos los niveles del saber
.Para
la pertinencia de la educación como contribución al desarrollo del país
.Para
la calidad de la educación preuniversitaria
.Para
la calidad de la educación superior
.Para
la calidad de la educación y formación técnico-profesional
5. Sobre la dignificación y desarrollo
de la carrera docente
.Para
la formación docente
.Para
el desarrollo de la carrera docente
.Respecto
a las condiciones de vida y de trabajo de las y los docentes
6.
Sobre la instalación de una cultura de evaluación en el sistema
educativo dominicano
7.
Sobre la modernización de la gestión del
sistema educativo dominicano para elevar su eficacia, transparencia y rendición de cuentas en el
logro de los objetivos
8.
Sobre el adecuado financiamiento y movilización de recursos para la educación
9.
Sobre la implementación, monitoreo, evaluación, veeduría y cumplimiento de
los compromisos pactados
Consideraciones finales:
PREÁMBULO
REUNIDOS
los actores del sistema educativo dominicano, instituciones del gobierno
central, el Consejo Económico y Social, partidos políticos y otros actores de
la sociedad dominicana, con la presencia de los expertos e invitados especiales
en calidad de testigos, convocados por el señor Presidente de la República,
Lic. Danilo Medina Sánchez, mediante el Decreto 228-13.
EN EL ENTENDIDO DE QUE:
RECONOCEMOS que la República Dominicana, transcurridos 170 años
de existencia como nación independiente, se ha proclamado como un Estado Social
y Democrático de Derecho donde sus habitantes y organizaciones actúan apegados
a un marco de derechos y obligaciones individuales y colectivas.
RECONOCEMOS que la educación es un derecho humano fundamental
consagrado en la Constitución de la República Dominicana como
corresponsabilidad del Estado, de la familia y de las personas, al establecer
el Artículo 63:
“Toda
persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en
igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas
de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia: 1) La educación
tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su
vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus
valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a
los demás bienes y valores de la cultura;… ”.
RECONOCEMOS que es obligación del Estado Dominicano financiar la
educación pública en todos los niveles, grados y modalidades.
RECONOCEMOS que la educación de calidad es la herramienta más
poderosa para realizar las transformaciones requeridas en la sociedad
dominicana, en la familia y en las condiciones de vida de todos sus habitantes.
COMPRENDEMOS que a finales del siglo XX y principios del siglo XXI
el país generó planes, desarrolló iniciativas y asumió compromisos para el
mejoramiento del sistema educativo; en particular, los Planes Decenales para la
función educativa, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Foro
Presidencial por la Excelencia de la Educación Dominicana, las Metas Educativas
2021, el Compromiso Político y Social por una Educación de Calidad, y la Iniciativa
Dominicana por una Educación de Calidad. Sin embargo, aún persiste la necesidad
de realizar un compromiso o pacto nacional para alcanzar las transformaciones
requeridas para el desarrollo de la República Dominicana.
CONSIDERAMOS que dentro de los logros alcanzados por el país está
la Estrategia Nacional de Desarrollo, que traza una ruta consensuada hacia los
objetivos de largo plazo de la Nación; así como la asignación del 4% del
Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Ambas han sido
aspiraciones históricas del pueblo dominicano.
CONSIDERAMOS que la pertinencia de la educación, en todos sus
niveles, descansa en aquellos contenidos
curriculares capaces de dotar a las personas de las competencias necesarias
para enfrentar los desafíos del mundo actual, de construir ciudadanía plena para
convivir en sociedad y de atender las necesidades del desarrollo social,
económico, científico, tecnológico y cultural del país, en consonancia con la Estrategia Nacional de
Desarrollo.
RECONOCEMOS que, entre otros factores, la calidad profesional, la fortaleza moral,
la dignificación y la entrega de los educadores juegan un rol clave en la
calidad de la educación. Por tanto, la formación profesional y pedagógica,
inicial y continuada de los docentes es fundamental para transformar el
desempeño y la calidad de la educación dominicana.
ASUMIMOS que el respeto a la Constitución, el cumplimiento de
la Ley y la defensa de los valores éticos de respeto, integridad, veracidad y
responsabilidad son consustanciales al proceso y suscripción del Pacto Nacional
para la Reforma Educativa.
REAFIRMAMOS que el proceso de consulta, discusión y concreción
del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, ordenado por el Decreto 228-13,
en cumplimiento del mandato de la Ley 01-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo,
se estructuró con la finalidad de encontrar soluciones consensuadas, producto
del diálogo entre los distintos actores, para superar los nudos y obstáculos
que, a la fecha, han sido la causa principal de que los instrumentos legales,
planes e iniciativas no hayan logrado plenamente sus objetivos.
CONSIDERAMOS que la suscripción del Pacto Nacional para la Reforma
Educativa busca igualmente garantizar la instalación en el sistema educativo de
una cultura de evaluación integral, sistemática, permanente y transversal para
todos los procesos y actores del sistema, niveles, modalidades, subsectores e
instancias de la función educativa en la República Dominicana, desde la primera
infancia hasta la educación superior, así como la formación técnico-profesional.
RECONOCEMOS que la República Dominicana comparte la realidad
política, económica y social del mundo actual, en el cual las reformas
institucionales y culturales necesarias sólo son posibles a través de la
participación social activa y como resultado de un amplio consenso
nacional. En consecuencia, la Ley 01-12
designa al Consejo Económico y Social, en virtud de su mandato constitucional,
como el espacio para la discusión y concreción del Pacto Nacional para la
Reforma Educativa.
REAFIRMAMOS que si queremos lograr transformar la educación de
los dominicanos y dominicanas es tiempo que comencemos a hacerlo ya.
El
presente preámbulo forma parte integral del Pacto Nacional para la Reforma
Educativa y en tal sentido,
PACTAMOS LO SIGUIENTE:
1. Bases del Pacto Nacional para la
Reforma Educativa
Los
acuerdos y compromisos asumidos en este Pacto son de distinta naturaleza.
Algunos implican políticas públicas concretas y reformas legislativas; otros
exigen dedicar mayores esfuerzos públicos y privados; y otros promueven cambios
de paradigmas en nuestro accionar cotidiano personal y colectivo. No obstante,
todos están orientados a alcanzar una educación que permita a todas y todos los dominicanos
desarrollar al máximo su potencial como personas y como integrantes de un
colectivo social que reconocen y al que se integran con libertad para vivir en
igualdad de oportunidades.
Por lo cual, concertamos este Pacto
sobre las siguientes bases:
1.1
La educación es el medio más idóneo para la cohesión social de la Nación
dominicana, por lo cual estamos
dispuestos a poner el interés colectivo supremo por encima de los intereses
individuales y sectoriales, a fin de garantizar el derecho fundamental de todos
los niños, niñas, jóvenes y adultos a recibir una educación de
calidad, conforme a lo consagrado en la Constitución de la República
Dominicana.
1.2
Las políticas educativas deben constituirse en políticas de Estado, por lo que
este Pacto tendrá plena vigencia hasta el año 2030, sin importar las
variaciones o cambios políticos que pudieran producirse en este lapso de
tiempo. Se entiende que los cambios y ajustes que deban introducirse a lo
pactado deberán ser realizados mediante un proceso plural, colectivo y de
amplia participación como el que sustenta el presente Pacto, a fin de
garantizar su legitimidad.
1.3
La plena vigencia del Estado de Derecho supone que cada uno de nosotros
reconoce los derechos y obligaciones derivados del marco normativo existente en
la República Dominicana. En tal sentido, el Estado dominicano y sus
instituciones de gobierno son la autoridad legítima para cumplir y hacer
cumplir la ley en todos sus términos, incluyendo un régimen de consecuencias
para la inobservancia de la misma, conforme al debido proceso. En el ámbito
educativo, esto implica aceptar la aplicación de sanciones ante eventuales
incumplimientos de las normas vigentes.
1.4
La participación de todos los sectores de la sociedad en el desarrollo de la
educación está definida en el marco de lo establecido en la Constitución y las
leyes de la República Dominicana.
1.5
El éxito del sistema educativo depende de la participación y la integración de
la comunidad educativa (estudiantes, docentes, familias, directivos) y demás
actores sociales en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los planes
educativos y en la veeduría social de los compromisos pactados para mejorar la
calidad de la educación, incluyendo los relativos a las inversiones y los
procesos de mejora que se desarrollan en los centros educativos.
1.6
Toda reforma educativa es un proceso continuo y dinámico. El principal valor
agregado de este Pacto Nacional para la Reforma Educativa será implementar
mecanismos adecuados y transparentes para el cumplimiento de cada uno de los
compromisos asumidos, así como la definición de cronogramas, metas
cuantificables y estrategias para el seguimiento, evaluación y
retroalimentación constante, con la participación activa y sistemática de todos
los actores.
1.7
La transformación del sistema educativo requiere realizar los máximos esfuerzos
en procura de asegurar el financiamiento y desarrollo de todos y cada uno de
los acuerdos derivados de este Pacto en un marco de transparencia, rendición de
cuentas y evaluación permanente de la eficacia de las estrategias y acciones
adoptadas.
2. Sobre la visión compartida de la
educación dominicana
2.1
La educación es un derecho y un bien público de acceso universal y con equidad;
orientada a construir ciudadanía plena mediante la formación integral de
personas conscientes de sus derechos y sus deberes, respetuosas de los
principios y valores constitucionales; personas autónomas, solidarias, éticas y
socialmente responsables, comprometidas con
la igualdad y equidad de género, la atención a la diversidad, el uso
sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente;
personas capaces de vincularse de manera crítica, creativa y transformadora con
el progreso científico-técnico, social y cultural, e integrarse activamente al
desarrollo nacional y a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e
intercultural a nivel local y global, para vivir de manera digna y pacífica.
2.2
Los niños, niñas y adolescentes imaginan su escuela como un lugar para aprender
con alegría y así comprender el mundo que los rodea; que cuente con amplios
espacios, en contacto con la naturaleza, con
facilidad de acceso para todos
sin importar limitaciones físicas o de cualquier otro tipo. Una escuela que sea
bonita, limpia, ordenada, debidamente equipada, que incorpore habitualmente el
juego, el deporte, el arte y el acercamiento a la tecnología; donde prime el
afecto y el respeto entre iguales, y que ayude a descubrir y potenciar los
talentos de cada estudiante. En definitiva, una escuela que sea orgullo y
ejemplo para su comunidad y el país.
3. Sobre la democratización e igualdad
de oportunidades para acceder a la educación desde el nivel inicial al nivel
superior
El
Estado dominicano tiene la obligación de promover la educación desde los
primeros años, asegurar la universalización de la educación inicial, primaria y
secundaria, promover la educación técnica y tecnológica, fomentar la educación
superior, así como desarrollar el subsistema de educación de adultos y la
educación formal, no formal e informal, para brindar las oportunidades de
aprendizajes para la vida, a lo largo de toda la vida, y para todas las
personas.
En consecuencia, los compromisarios pactamos:
3.1 Para la educación preuniversitaria
3.1.1
Cumplir con lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo en lo
relativo a ofrecer educación pública gratuita, obligatoria y de calidad, en el
nivel inicial a partir de los 3 años.
3.1.2
Ampliar la cobertura de la atención integral y la educación inicial a menores
de 5 años, propiciando el establecimiento de centros de atención y educación
integral, programas con base familiar y comunitaria, registro de nacimientos,
promoción de la salud, apoyo nutricional,
así como atención de niños y niñas con necesidades especiales, a través
de distintos mecanismos tales como programas gubernamentales, acuerdos de
cogestión con organizaciones de la sociedad civil, entre otros, avanzando hacia
la universalidad de la atención integral.
3.1.3
Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción
y la superación de la exclusión y el
abandono escolar.
3.1.4
Construir el número de aulas y contratar el número de maestros con las
cualificaciones requeridas que sean necesarios para impartir una educación de
calidad que permitan dar cumplimiento al cronograma de universalización de la
educación inicial, primaria y secundaria, en un plazo no mayor de 10 años, con
especial énfasis en las áreas de concentración de población más
vulnerable.
3.1.5
Asegurar que el desarrollo de la infraestructura educativa responda a la proyección de la población, atienda a
criterios de accesibilidad para personas con discapacidad o con necesidades
especiales, cumpla las normas nacionales de construcción con seguridad sísmica
y de reducción de vulnerabilidad frente a otros riesgos, y cuente con adecuados
servicios básicos de agua, electricidad,
saneamiento y condiciones apropiadas de ventilación e iluminación.
3.1.6
Fortalecer e implementar los programas de educación afectivo-sexual, así como
esquemas de apoyo y acompañamiento a madres y padres adolescentes, para
garantizar su permanencia en el Sistema Educativo.
3.1.7
Acordar con las autoridades de la Junta
Central Electoral la ejecución de una
partida especial para trabajar, en colaboración con la comunidad educativa y
organizaciones de la sociedad civil, de manera sostenida en todo el territorio
nacional, en el otorgamiento de acta de
nacimiento a todos los niños, niñas y sus familias conforme a la ley,
especialmente a aquellos que forman parte de la población del país en situación
de vulnerabilidad.
3.2 Para la educación superior
3.2.1
Desarrollar la oferta de educación superior sobre la base de las necesidades de
la población, teniendo en cuenta diferentes categorías y modalidades que
garanticen equidad en cobertura geográfica y
atención a personas con discapacidad o necesidades especiales. En el
caso de creación de nuevas instituciones de educación superior o extensiones de
las públicas ya existentes, realizarla sobre la base de una evaluación
diagnóstica previa.
3.2.2
Mejorar, mantener y ampliar la infraestructura existente, atendiendo a las
necesidades, capacidades y potencialidades de las comunidades en el territorio,
a fines de aumentar la cobertura y garantizar la calidad de la educación.
3.2.3
Ampliar la cobertura de la educación técnica superior mediante la creación
de una red de institutos técnicos superiores comunitarios regionales.
3.2.4
Promover la oferta de educación superior a través de la modalidad virtual y la
educación a distancia, siempre que cumplan con las condiciones requeridas para
esta modalidad. Para tales fines, el gobierno dominicano, en acción coordinada
con el sector privado, propiciará el aumento y acceso a conectividad y banda
ancha a precios asequibles. Se considerará la posibilidad de que sea de acceso
gratuito.
3.3
Para la educación y formación técnico-profesional
3.3.1
Mejorar la oferta de la educación y formación técnico-profesional en todo el
territorio nacional desde una perspectiva integral, con base en estudios de
identificación de necesidades y un uso eficiente de las facilidades físicas y
tecnológicas.
3.3.2
Diseñar e implementar una estrategia de revalorización de la educación y
formación técnico profesional, que incluya un componente de comunicación,
dirigido a jóvenes, familias, empleadores y comunidad educativa, orientada a
reivindicar la imagen de este subsector educativo y a dar a conocer su oferta
como una oportunidad de generación de ingresos y desarrollo personal y un
generador de capital humano competente para los sectores productivos.
3.4 Respecto a los instrumentos de equidad que
favorecen la entrada y la permanencia en el sistema educativo
3.4.1
Desarrollar y garantizar por parte del Estado, a nivel del gobierno central y
los gobiernos locales, un sistema de transporte escolar que facilite el acceso
a los centros educativos de los estudiantes que provienen de comunidades
rurales, incluidos aquellos con necesidades especiales.
3.4.2
Desarrollar un plan dirigido a establecer un sistema de carnet estudiantil que
permita tener acceso a servicios públicos y privados con descuentos o bajo un
régimen de gratuidad.
3.4.3
Implementar un programa integral de salud escolar, vinculado con los servicios
de atención primaria correspondientes, que asegure una dieta balanceada de
acuerdo a la región, así como servicios de apoyo psicológico para los niños,
niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social y emocional.
3.4.4
Apoyar y coordinar, como parte de la estrategia de protección social, los
programas de apoyo a las familias de estudiantes en condición de
vulnerabilidad, con el propósito de erradicar el trabajo infantil y mantener a
niñas, niños y adolescentes integrados en el sistema educativo.
3.4.5
Aplicar un sistema transparente de subsidios y becas para estudiantes de
escasos recursos, bajo los principios de equidad y sobre la base de méritos
académicos, y articulado con programas educativos prioritarios para la
implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
3.4.6
Habilitar centros de atención integral a la primera infancia en la cercanía de
universidades y centros de formación profesional, como mecanismo para promover
el desarrollo infantil temprano, facilitar el acceso a madres y padres a la
educación, y mantener a los jóvenes y adultos de grupos vulnerables en el
sistema educativo, contribuyendo a evitar
la deserción escolar.
4.
Sobre la calidad y pertinencia de los aprendizajes en todos los niveles del
saber
La
complejidad de las dinámicas sociales en el mundo actual plantea un reto para
el sistema educativo, pues se requiere enfatizar la formación en valores
humanos y ciudadanos que promuevan la convivencia pacífica en la sociedad, y
que fomenten el aprecio e identificación con la cultura dominicana.
De
igual forma, el desarrollo social, científico y tecnológico de décadas
recientes presenta el reto de desarrollar competencias en los estudiantes que
les permitan insertarse exitosamente en una sociedad dinámica y global, en la
cual la ciencia, la tecnología, la investigación y las capacidades para el
procesamiento e interpretación crítica de la información constituyan las bases
estratégicas del poder, la producción de riqueza, el progreso y el logro del
desarrollo personal y colectivo.
En consecuencia, los compromisarios
pactamos:
4.1
Para la pertinencia de la educación como contribución al desarrollo del país
4.1.1
Realizar periódicamente estudios prospectivos sectoriales y regionales para
determinar los requerimientos de recursos humanos de diferentes niveles que
precisa el desarrollo de la Nación, en particular en aquellos sectores
considerados prioritarios. Estos
estudios serán conducidos por el Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo, en coordinación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio
de Administración Pública y el Instituto de Formación Técnico Profesional, y en consulta con otras entidades públicas,
centros de educación superior y formación técnico-profesional, los sectores
empresarial y laboral, así como otros
sectores de la vida nacional.
4.1.2
Desarrollar, en forma conjunta y coordinada entre el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, el Instituto de
Formación Técnico Profesional y los sectores empresarial y laboral, los
instrumentos necesarios para que el país disponga de una oferta integrada y
articulada de educación técnica y formación técnico-profesional en los
distintos niveles educativos a fin de asegurar la calidad, facilitar el
tránsito de los egresados de un nivel a otro y responder a los requerimientos
del mercado laboral, en consonancia con los objetivos estratégicos del país y
en función de los estudios prospectivos realizados.
4.1.3
Establecer la aplicación de pruebas de aptitud y consejería al finalizar el
primer ciclo de educación secundaria, conforme a lo establecido en el marco de
la revisión curricular, a fin de identificar intereses y posibilidades de
ingreso de los y las estudiantes a las distintas modalidades y su
correspondencia con las necesidades de competencias y capacidades humanas
identificadas en los estudios prospectivos realizados.
4.1.4
Rediseñar y adecuar, bajo la coordinación del Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, la oferta académica de las instituciones de educación
superior, en función de las necesidades de recursos humanos en las áreas de
ciencias, tecnologías y humanidades, en los niveles técnico superior, grado y
postgrado, sustentada en los estudios prospectivos de requerimientos de los
recursos humanos necesarios para el desarrollo sostenible del país. Las
Instituciones de Educación Superior se comprometen a rediseñar y adecuar su
oferta académica, en los términos señalados.
4.1.5
Adecuar la oferta académica de las instituciones públicas que ofrecen formación
técnico-profesional de nivel pre-universitario para promover la formación de
recursos humanos requeridos para el desarrollo sostenible del país a este nivel, en particular en aquellos sectores considerados
prioritarios, y sustentada en los estudios prospectivos realizados.
4.1.6
Promover un debate nacional sobre la enseñanza laica y/o tratamiento de la
religión en la educación, como un compromiso del Estado.
4.1.7
Desarrollar en los estudiantes de los
diferentes niveles, modalidades, subsistemas y subsectores, las competencias
para el dominio de la lengua y otras habilidades comunicativas; el pensamiento
lógico-matemático, crítico y creativo; la capacidad para resolver problemas y
tomar decisiones; la actitud investigativa, el trabajo colaborativo, la
valoración de los aportes de la ciencia y el cuidado del medio ambiente; así
como una consciencia ética ciudadana y
una actitud para aprender durante toda la vida.
4.2. Para la calidad de la educación
preuniversitaria
4.2.1
El cumplimiento del horario y calendario escolar es un elemento esencial
establecido en nuestra Constitución. Su cumplimiento genera responsabilidades
legales compartidas entre el Estado, los
maestros y las maestras, los directores y las directoras, las familias, los
estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa, partidos políticos y
otros colectivos de las comunidades nacional y local. Respetar el horario y
calendario escolar se asume como uno de los compromisos irrenunciables de todos
los firmantes de este pacto.
Para alcanzar este objetivo, pactamos:
a)
Reforzar el conocimiento y cumplimiento irrestricto de la normativa en la
materia, contenida en la Constitución de la República, la Ley 41-08 de Función
Pública, la Ley 66-97 General de Educación, el Estatuto del Docente, entre
otros, y su régimen de consecuencias.
b)
Estimular a todos los actores del sistema educativo a facilitar y velar por el
cumplimiento del calendario y el horario escolar, para garantizar la formación
de nuestros estudiantes. Solicitar a las comunidades y a las asociaciones de padres
y madres, convertirse en celosos vigilantes del cumplimiento de esta
medida.
c) La Asociación Dominicana de Profesores reitera su
compromiso del cumplimiento del horario y calendario escolar, promoviendo entre
sus miembros la asistencia diaria y puntual a la docencia. Las reuniones y
actividades ordinarias del sindicato serán programadas e incorporadas en el
Calendario Oficial del Ministerio de Educación aprobado en el Consejo Nacional
de Educación, sin desmedro del cumplimiento del horario y el calendario escolar
establecido.
4.2.2
Garantizar la calidad educativa a través de la apropiación y aplicación del
currículo vigente por parte de los docentes en los diferentes contextos
socioculturales, el desarrollo de estrategias de aprendizaje innovadoras y
creativas, la ejecución de los planes de estudio, los programas de las áreas
del conocimiento, la evaluación sistemática y objetiva; todo esto con el
propósito de asegurar el desarrollo de
competencias fundamentales. Dicha
calidad será medida, esencialmente, por los resultados de los
aprendizajes.
4.2.3
Universalizar la jornada extendida en los niveles primario y secundario del
sistema educativo dominicano, en un marco de ampliación integral de la oferta
curricular.
4.2.4
Incorporar al currículo educativo, desde la primera infancia y con las
estrategias pedagógicas adecuadas para cada nivel, la educación sexual
–reproductiva, el conocimiento y
prevención de las infecciones de
transmisión sexual y el VIH, así como la
formación en valores de respeto, igualdad y equidad de género, convivencia
familiar, y maternidad y paternidad responsables.
4.2.5
Asegurar que toda infraestructura educativa contribuya a la creación de un
adecuado ambiente pedagógico y a la integración de la familia y la comunidad a
la vida escolar. Se dispondrá de
espacios para estimular el desarrollo
físico, mental y social de todas y todos
los estudiantes, incluyendo aquellos con condiciones de discapacidad y
necesidades especiales. Dentro de estos
espacios se encuentran los destinados
para educación física, huertos escolares,
recreación, expresión artística, contacto con la naturaleza y los requeridos para la eficaz implementación del
modelo de jornada extendida.
4.2.6
Propiciar que estudiantes y docentes en todos los niveles educativos integren
las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
4.2.7
Asegurar que cada centro educativo disponga de bibliotecas escolares y de
aulas, así como de espacios y centros de recursos para el aprendizaje adaptados
a los diferentes niveles educativos y a las condiciones especiales de las y los
estudiantes. Igualmente, propiciar que docentes y estudiantes hagan un uso
efectivo de los recursos disponibles en la escuela y en la comunidad.
4.2.8
Fortalecer la red nacional de bibliotecas públicas, dotándolas de recursos de
información pertinentes, en diversos formatos y soportes que contribuyan a los
aprendizajes a lo largo de toda la vida, la investigación y el fomento de la
lectura.
4.2.9
Definir, aplicar y regular desde el Estado una política editorial de textos y
recursos pedagógicos que garantice la calidad, la pertinencia, la actualización
del contenido, así como el enfoque filosófico y pedagógico del currículo
vigente, que atienda a las diferentes discapacidades y necesidades especiales
del estudiantado. De igual forma, dicha política debe velar por el monitoreo y
la transparencia de los procesos de producción, distribución y comercialización
para el acceso universal, así como establecer la vigencia de los textos y
recursos pedagógicos del sistema educativo pre-universitario completo.
4.2.10
Cumplir con las disposiciones legales que regulan la política de libros de
texto en los centros educativos.
4.2.11
Fortalecer el subsistema de educación para personas adultas, mediante la
promoción de mayor coordinación Estado/sociedad, el desarrollo de redes y
alianzas que articulen la educación formal, informal y no formal, la ampliación
de la accesibilidad y la pertinencia de los aprendizajes para la vida y a lo
largo de la vida.
4.2.12
Formar directores y directoras de centro educativos capaces de asumir y
promover una cultura de mejora continua de la gestión institucional y
pedagógica, a partir del trabajo en equipo, el liderazgo activo y
transformador, así como el desarrollo de las capacidades de planificación, y de
administración del tiempo y de los recursos disponibles, a fin de garantizar
más y mejores aprendizajes por parte de los estudiantes.
4.3
Para la calidad de la educación superior
4.3.1
Desarrollar estrategias y servicios de orientación y tutorías dirigidas a hacer
más eficientes las instituciones de educación superior y a aumentar el número
de estudiantes que egresan en el tiempo previsto.
4.3.2
Crear, un sistema de acreditación de instituciones y programas de educación
superior bajo la rectoría del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología, que cumpla con estándares aceptados por la comunidad académica
nacional e internacional. Dicho sistema estará integrado por acreditadoras
avaladas internacionalmente y su financiamiento provendrá del Estado, el sector
privado y las Instituciones de Educación Superior.
4.3.3
Promover que los estudiantes realicen pasantías y prácticas pre-profesionales
como requisito de grado para cualquier carrera, que complementen su formación
académica e incorpore saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones
reales del mundo laboral y profesional. Para esto, el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología elaborará, en consulta con los demás actores,
las normas que regulan la práctica de pasantías.
4.3.4
Establecer, bajo la regulación del Estado, un sistema de certificación y
licencias profesionales basado en referentes y estándares internacionales, con
la participación de agencias
certificadoras reconocidas local e internacionalmente. Se
privilegiarán aquellas
profesiones prioritarias para el desarrollo nacional y críticas por su
responsabilidad e impacto en la calidad de vida de la población y el mejor
funcionamiento de nuestra sociedad.
4.4
Para la calidad de la educación y formación técnico-profesional
4.4.1
Garantizar la actualización y la modernización de la educación y formación
técnico-profesional a través de la investigación, la adaptación
tecnológica, las prácticas en talleres y
laboratorios, así como la disponibilidad de infraestructura y equipamientos
adecuados.
4.4.2
Diseñar e implementar mediante labor conjunta del Ministerio de Educación, el
Instituto de Formación Técnico Profesional, y el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo un sistema de indicadores de la calidad en el nivel
de educación media modalidad técnico profesional y la formación
técnico-profesional.
4.4.3
Procurar, impulsar y concretar la homologación de la educación y la formación
técnico-profesional tomando en cuenta los países que han suscrito acuerdos de
libre comercio con la República Dominicana.
4.4.4
Elaborar un reglamento de pasantías en el nivel de formación
técnico-profesional que contemple incentivos especiales que resulten atractivos
para todos los sectores involucrados y que incluya la protección al pasante.
5. Sobre la dignificación y desarrollo
de la carrera docente
Existe
un amplio consenso en torno al papel fundamental que, entre otros factores,
juegan la formación, la fortaleza moral, el compromiso y la entrega del docente
en el logro de los aprendizajes. Por tanto, se requiere una formación docente
integral, que impacte el pensamiento y la práctica del docente, y le habilite
para la construcción de conocimientos y la generación de experiencias creativas
de enseñanza-aprendizaje de forma individual y con sus pares.
Dada
la necesidad de reivindicar la figura del docente como actor relevante en los
procesos de cambio social y de desarrollo nacional, los compromisarios
específicamente pactamos lo siguiente:
5.1 Para la formación docente
5.1.1
Actualizar, adecuar y hacer coherentes los programas de formación docente con
la educación que queremos y necesitamos para el Siglo XXI, en correspondencia
con la Estrategia Nacional de Desarrollo y dentro del marco de la Resolución
08-11 del 1º de julio de 2011 aprobada por el Consejo Nacional de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología para la formación de profesores de los niveles
inicial, primario y secundario. Para tal fin, se debe garantizar la formación
docente con énfasis en el dominio de los contenidos, en metodologías de
enseñanza adecuadas al currículo, en herramientas pedagógicas participativas y
en competencias para el uso de las tecnologías de información y
comunicación, con el propósito de
facilitar la continua innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
5.1.2
Garantizar que el currículo de los niveles inicial, primario y secundario se
constituya en el referente fundamental para la formación docente en las
Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la carrera de educación.
5.1.3
Fortalecer, en coordinación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología y el Ministerio de Educación, la práctica docente en la formación
inicial de las educadoras y los educadores.
Para tales fines, las instituciones de educación superior que ofertan la
carrera de educación se comprometen a promover la creación y fortalecimiento de
centros educativos experimentales, y al seguimiento, evaluación del desempeño y
retroalimentación de los estudiantes en dichas prácticas, como forma de
fomentar la excelencia y la innovación pedagógica.
5.1.4
Promover alianzas estratégicas entre instituciones nacionales e internacionales
con programas de formación docente, a fin de facilitar la incorporación de las
mejores prácticas y promover la excelencia en la formación de los docentes.
5.1.5
Priorizar la formación doctoral para reforzar las escuelas formadoras de
docentes, así como para disponer de una masa crítica de profesionales de alta
calidad para los departamentos clave del sistema educativo.
5.1.6
Implementar, con carácter obligatorio, una prueba de ingreso validada para los
programas de formación de docentes, la cual debe medir si los estudiantes
poseen los conocimientos, la vocación y las habilidades requeridos para iniciar
estudios a nivel terciario en el área del magisterio. En caso de que las
deficiencias evidenciadas sean de conocimiento, la institución en la que
aspiran estudiar deberá ofrecerles a los interesados estrategias académicas que
les permitan superar las deficiencias antes de su ingreso a la carrera. Esta
medida deberá aplicarse a partir de junio de 2014. Los aspirantes que
demuestren tener las competencias necesarias para estudiar magisterio podrán
ser becados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a
partir de agosto de 2014, siempre que la universidad elegida cumpla con la
normativa para la formación de profesores establecida por el Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
5.1.7
Establecer mecanismos que permitan atraer a la formación docente a bachilleres
con alto rendimiento académico y vocación para la docencia, en un marco de
igualdad de oportunidades y de reconocimiento a la excelencia y la motivación,
para lo cual se creará un sistema especial de incentivos (becas,
becas-créditos, ayudas, estipendios, viajes de estudios y otros).
5.1.8
Promover la excelencia en los programas de formación docente mediante la
acreditación de todos los programas orientados a la formación de maestros,
exigiendo un nivel mínimo de maestría para los formadores de grado y de
doctorado para los formadores de maestría.
5.2 Para el desarrollo de la carrera
docente
5.2.1
Ampliar y fortalecer, a partir del año 2014, la política de ingreso a la
carrera docente que permita la incorporación al sistema educativo de
profesionales de alta calidad exclusivamente a través de concursos de oposición
para todas las posiciones docentes, sin excepción alguna. Todo nombramiento que
no sea producto del concurso será invalidado y deberá ser revocado.
5.2.2
Organizar y poner en marcha la inducción de los y las docentes de nuevo ingreso
al sistema educativo, mediante el establecimiento de programas de inducción.
5.2.3
Garantizar que la capacitación continua esté articulada a la gestión curricular
del centro educativo, con especial énfasis en la integración de las tecnologías
de la información y comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje, a través
de estrategias de supervisión, seguimiento y acompañamiento pedagógico.
5.2.4
Crear un fondo especializado para implementar un sistema nacional de
investigación educativa mediante la construcción de laboratorios de la carrera
docente, para cada especialidad y con incentivos económicos, que estimulen la
producción de conocimiento científico, la innovación y el uso de nuevas
tecnologías.
5.2.5
Garantizar que el sistema de evaluación sea objetivo, transparente,
independiente, formativo e integral; que
redimensione la experiencia profesional y los aprendizajes de los estudiantes;
que fortalezca la motivación y la reflexión docente; que cuestione los
supuestos implícitos en su práctica y que promueva una cultura profesional.
Dichas evaluaciones servirán para diseñar programas de acompañamiento y
capacitación para que el docente pueda reforzar sus fortalezas y superar sus
dificultades, así como para estructurar un sistema de incentivos que premie la
excelencia y la vocación de los y las
docentes.
5.2.6
Poner en funcionamiento el Tribunal de la Carrera Docente como instancia para
dirimir las violaciones a las disposiciones establecidas en la normativa y
determinar las consecuencias de dichas violaciones. Para tales fines, se debe
revisar y actualizar la normativa al respecto.
5.2.7
Promover la cultura del diálogo y el mutuo entendimiento entre los actores del
sistema educativo mediante la creación
de comisiones de mediación en los diferentes ámbitos y jurisdicciones.
5.2.8
Establecer, con el apoyo del Ministerio de Educación, espacios de tiempo para
que los docentes puedan reflexionar y socializar su experiencia pedagógica, con
miras a fomentar las mejores prácticas,
sin desmedro del horario y calendario de clases planificado para los y las estudiantes.
5.2.9
Readecuar el programa de habilitación docente para facilitar la formación
pedagógica de los profesionales de otras carreras que laboran en los sectores
público y privado del sistema educativo y/o de aquellos que muestran una
probada actitud y aptitud para la enseñanza, y desean ingresar a la carrera
docente. Para tales fines, se seguirá la normativa de formación docente
aprobada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
5.3 Respecto a las condiciones de vida y de trabajo de las y
los docentes
5.3.1
Definir e implementar categorías de puestos docentes para que la promoción
interna u horizontal permita a las y los educadores lograr mayores niveles de
remuneración e incentivos en función de sus conocimientos y logros
profesionales, sin dejar la docencia en el aula.
5.3.2
Dignificar el salario de los pensionados y jubilados docentes, acorde con la
periodicidad prevista en la legislación y normativa correspondientes.
5.3.3
Dar fiel y gradual cumplimiento a los satisfactores de necesidades básicas,
institucionales, laborales y sociales, conforme a lo establecido en la
normativa vigente, a fin de alcanzar la plena dignificación de la carrera
docente como garantía del derecho fundamental de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes a recibir una educación de calidad. En tal sentido, el Ministerio de
Educación, previa evaluación y levantamiento de los diagnósticos
correspondientes, propiciará:
a)
Una remuneración digna, como resultado de la revisión gradual y la aplicación
combinada del salario base y los incentivos de ley.
b)
El fortalecimiento de los instrumentos institucionales de reclutamiento,
evaluación, promoción y retiro vía pensiones y jubilaciones.
c)
El apoyo a mecanismos de inclusión del sector magisterial en los proyectos de
viviendas que se construirán amparados en la Ley 189-11 de Desarrollo del
Mercado Hipotecario y de Fideicomiso u otras normativas similares.
d)
El desarrollo de programas permanentes que permitan a los docentes el disfrute
de sus vacaciones mediante planes de recreación y ampliación del acervo
cultural.
e)
La sostenibilidad de servicios de salud, auspiciando programas para su
utilización racional con énfasis en la salud preventiva.
5.3.4
Crear un espacio permanente de diálogo y seguimiento entre el Ministerio de
Educación y el sector docente organizado que permita, en el marco y el espíritu
del Pacto Educativo, la exaltación del valor de la carrera docente y el
compromiso recíproco del cumplimiento de estos acuerdos.
6. Sobre la instalación de una cultura
de evaluación en el sistema educativo
dominicano
En
las diferentes fases del proceso de discusión del Pacto Nacional para la
Reforma Educativa, las referencias a la necesidad de instalar en el sistema
educativo dominicano una cultura de la evaluación han sido reiteradas. Esto
supone aceptar que todo proceso de mejora del desempeño de los actores del
sistema requiere de evaluaciones, con la finalidad principal de establecer
referentes para decidir sobre políticas públicas, rediseñar procesos, reasignar
recursos, asignar beneficios y reorientar los sistemas de incentivos y
consecuencias.
Para instalar esta cultura de evaluación
en todos los niveles y subsectores, los actores firmantes específicamente
pactamos:
6.1
Fortalecer las facultades del Consejo Nacional de Educación para liderar el proceso
de evaluación independiente del sistema
educativo preuniversitario.
6.2
Aplicar y dar cumplimiento a la evaluación de desempeño del personal docente,
de acuerdo a lo establecido en el Título IX del Estatuto Docente en lo
referente a ascenso, promoción y asignación de beneficios. Esta evaluación se
realizará con una periodicidad no mayor de tres años.
6.3
Promover la evaluación de los aprendizajes en todos los niveles, modalidades y
subsistemas del sistema educativo dominicano, a partir de instrumentos
nacionales, regionales e internacionales especializados en educación, con el
propósito de guiar la toma de decisiones en materia de políticas educativas. El
país mantendrá una participación
sistemática en los estudios internacionales Laboratorio Latinoamericano para la
Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE), Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes (PISA), Estudio Internacional de Educación Cívica y
Ciudadanía (ICCS), entre otros.
6.4
Revisar la política de evaluación y
promoción en los dos primeros grados del nivel primario, para identificar y ofrecer
los apoyos necesarios y evitar la acumulación de deficiencias en los grados
superiores.
6.5
Realizar la evaluación psicopedagógica de los y las estudiantes, analizar los
resultados y ponderar su historial para la toma oportuna de decisiones, asegurando
la pertinencia y la confidencialidad.
6.6
Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas
implementados, particularmente en
aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.
6.7 Promover procesos de certificación
profesional del personal docente de todos los niveles, ciclos, modalidades y
subsistemas, conforme a estándares de calidad nacionales e internacionales y
respetando los derechos adquiridos de los docentes establecidos en la ley.
6.8
Revisar el marco normativo para que el conjunto de leyes, decretos, ordenanzas
y resoluciones promuevan una cultura de evaluación, atendiendo a las
características particulares de los sujetos, instancias y procesos,
reconociendo el carácter inclusivo y diversificado de la educación.
6.9
Fortalecer los procesos de evaluación de la calidad de todos los centros que
conforman el sistema educativo (preuniversitaria, superior y
técnico-profesional) y reconocer a aquellos que logren niveles destacados de superación
y mejora de la calidad.
6.10
Fortalecer el programa de reconocimiento al mérito estudiantil y crear el
reconocimiento a los centros educativos públicos preuniversitarios con los
mayores logros.
6.11
Garantizar la excelencia académica de la educación universitaria, fundamentada
en las competencias a desarrollar por
los programas ofrecidos, en la evaluación continua de la calidad de la
enseñanza de los docentes y el desarrollo del conocimiento mediante labores de
investigación, innovación, publicación, difusión, extensión, formación y
educación continua.
6.12
Asegurar la creación y ejecución de un sistema de ponderación de la
productividad académica, para elevar su calidad y enfocarlo hacia un modelo de
gestión académica basado exclusivamente en el mérito.
7.
Sobre la modernización de la gestión del
sistema educativo dominicano para elevar su eficacia, transparencia y rendición de cuentas en el
logro de los objetivos
Entendemos
que el nivel de eficacia en el ejercicio de la función
educativa del Estado depende de
múltiples factores, recursos y procesos que inciden e impactan en la formación
de los y las estudiantes de todos los niveles educativos.
Con miras a propiciar mayor eficacia en
la gestión del sistema educativo dominicano,
específicamente pactamos:
7.1
Garantizar la coordinación permanente a nivel de los subsectores e
instituciones del sistema educativo, para apoyar la formación plena e integral
de las personas a lo largo de toda la vida.
7.2
Respetar e implementar el marco jurídico del sistema educativo dominicano, así
como impulsar su adecuación permanente para asegurar el cumplimiento de las
metas nacionales en materia de educación, afianzar el apego a las normas
legales y asumir una conducta ceñida a la ética.
7.3
Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en
investigaciones y estudios aplicados.
7.4
Proponer la modificación de la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología; de la Ley 66-97 General de Educación y de la Ley 116-80 que crea el Instituto de
Formación Técnico-Profesional, para que las mismas respondan a la realidad
actual y a las necesidades cambiantes de la sociedad.
7.5
Establecer mecanismos que faciliten la formación para el acceso al empleo,
mediante una eficiente articulación al interior del subsector de formación
técnico-profesional y la coordinación de
políticas y programas relacionados a la educación y formación
técnico-profesional entre los diferentes subsectores.
7.6
Revisar el funcionamiento y operatividad del
Consejo Nacional de Educación y su Órgano Técnico, con el propósito de fortalecer el ejercicio de sus atribuciones como organismo
máximo de decisión en materia de política educativa, conforme lo establecido en
la Ley General de Educación.
7.7
Propiciar la discusión oportuna dentro del Consejo Nacional de Educación de los
lineamientos de política educativa que deberán
ser incorporados en el anteproyecto de presupuesto anual del Ministerio
de Educación con el propósito de
asegurar la debida articulación con los objetivos y metas de la planificación plurianual del capítulo
Ministerio de Educación.
7.8
Realizar en 2014 una evaluación a medio término de los Planes Decenales de
Educación 2008-2018, bajo la coordinación respectiva del Ministerio de
Educación, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Instituto
de Formación Técnico Profesional, a fin de verificar las metas cumplidas y por
cumplir, e incorporar los compromisos
emanados del presente Pacto.
7.9
Impulsar la desconcentración y descentralización operativa, preservando la
función de rectoría central en el Ministerio de Educación, con miras a mejorar
y fortalecer la gestión institucional del Ministerio de Educación y todas sus
dependencias. A tales fines se revisará y actualizará el marco normativo de las
regionales, distritos y centros educativos.
7.10
Profesionalizar la gestión de recursos humanos del Ministerio de Educación, del
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y del Instituto de
Formación Técnico Profesional para facilitar la consecución de las metas del
sistema educativo y promover el óptimo aprovechamiento de su talento humano.
7.11
Crear un registro de docentes sustitutos para cubrir aquellas ausencias por
permisos o licencias temporales. Para ello se tomará en cuenta a los profesores
del registro de elegibles en cada Distrito Educativo, de acuerdo al nivel,
modalidad y área.
7.12
Evaluar profundamente, a partir de la misión para la cual fueron creados y de
un diagnóstico de las necesidades de asistencia y auxilio de los docentes, el
funcionamiento de los programas y
organismos establecidos para contribuir a la dignificación de los docentes
(Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, Seguro Médico para Maestros,
Cooperativa Nacional de Maestros y otras cooperativas), con el objetivo de
identificar, recomendar e implementar acciones y procesos de reestructuración
que permitan incrementar el impacto de
dichos programas y organismos en la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de los docentes.
7.13
Desarrollar una campaña de educación financiera dirigida al personal docente y
administrativo del sistema educativo, con el propósito de desarrollar una
cultura de responsabilidad y salud financiera.
7.14
Fortalecer la participación de la familia, la comunidad y las organizaciones de
la sociedad civil en la planificación, ejecución y evaluación de todo el
proceso educativo, mediante el fortalecimiento de las estrategias e instancias
de participación existentes, incluyendo las
Juntas Regionales, de Distritos y de Centros Escolares; las Asociaciones
de Padres, Madres y Amigos de la Escuela; los Consejos Escolares y otras formas
de participación social y comunitaria que se vinculen a la escuela.
7.15
Garantizar el respeto y el reconocimiento de derechos y deberes de los niños,
niñas y adolescentes establecidos en los instrumentos legales nacionales y
acuerdos internacionales, y promover en
los centros educativos la construcción de valores y actitudes que fomenten las
relaciones de convivencia pacífica entre todos los actores, así como un clima
de organización, de respeto mutuo, disciplina y de desarrollo ciudadano. Los
comportamientos que violen preceptos legales de naturaleza penal deben ser
remitidos al órgano público del dominio correspondiente.
8. Sobre el adecuado financiamiento y
movilización de recursos para la educación
Para
alcanzar y sostener los niveles de cobertura, calidad y equidad que el país
requiere en su sistema educativo es indispensable un adecuado financiamiento y
el fortalecimiento de políticas de mejoras en la calidad del gasto. Por
consiguiente, una educación inclusiva y
de calidad en todos los subsectores educativos (preuniversitario, superior y
técnico-profesional) es una corresponsabilidad de todos.
En consecuencia, los firmantes
específicamente pactamos:
8.1 Ratificar el compromiso de mantener como
mínimo los niveles actuales de inversión del Estado dominicano en la función de
educación como porcentaje del PIB, incluido el nivel de 4% del PIB a la
educación pre-universitaria.
8.2
Ratificar el compromiso de ir incrementando los recursos públicos asignados a
los tres subsectores de la función educación conforme al logro de todo lo
pautado en la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, y priorizar en
una primera etapa los subsectores de educación superior y formación técnico
profesional,
8.3
Velar por que las asignaciones presupuestarias a cada subsector educativo y a
las instituciones públicas educativas se realicen en coherencia con los
objetivos y prioridades establecidos en los diferentes instrumentos de
planificación nacional, sectorial e institucional y sus actualizaciones, atendiendo a criterios de mejora de la calidad del gasto.
8.4
Cumplir con lo establecido en la Constitución y las leyes en lo referente al
financiamiento de la educación superior a fin de garantizar la equidad y la
calidad de la oferta.
8.5
Elaborar el presupuesto anual del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología siguiendo las prioridades de políticas establecidas en los planes de
desarrollo y los lineamientos y criterios en cuanto a los programas de financiamiento establecidos
en la ley 139-01 y la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo.
8.6
Propiciar y fomentar distintos mecanismos para el financiamiento de actividades
de inversión y desarrollo de las
Instituciones de Educación Superior a
tendiendo a criterios de calidad, impacto social y en correspondencia
con las prioridades establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
8.7
Promover el uso de las exenciones fiscales que permite la ley, con el propósito
de atraer más recursos a la educación, en particular con destino a centros
educativos públicos y organizaciones sin fines de lucro.
9. Sobre la implementación, monitoreo,
evaluación, veeduría y cumplimiento de los
compromisos pactados
La
participación activa de todos los
actores de la vida nacional, en especial
la comunidad educativa (estudiantes, docentes, administrativos,
directivos, padres, madres, tutores,
entre otros), es fundamental para el éxito del Pacto Educativo.
La
creación de espacios y prácticas promisorias de aprendizajes en todos los
niveles del sistema educativo solo será posible con el concurso de todos los
sectores de la vida nacional a fin de asegurar que los recursos están siendo
utilizados de la forma más eficaz posible, en un marco de transparencia y
rendición de cuentas del logro de los objetivos perseguidos por el Pacto
Educativo.
En
tal sentido, acordamos:
9.1
Estructurar la implementación del Pacto por etapas en un proceso articulado
sobre la base de compromisos concretos de cada uno de los actores, con una ejecución
participativa, priorizando las iniciativas puestas en marcha en cada uno
de los subsectores cónsonas con los compromisos asumidos en el Pacto.
9.2
Desarrollar una estrategia de seguimiento y participación social, con la
finalidad de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Pacto
y el logro de los objetivos. Dicha
estrategia incorporará un mecanismo de monitoreo y evaluación, un mecanismo de
veeduría social y un mecanismo de coordinación conjunta.
9.3
Establecer el mecanismo de monitoreo y evaluación como el instrumento mediante
el cual las instituciones y organizaciones compromisarias del Pacto aseguran la
ejecución de las acciones derivadas del cumplimiento de los compromisos
asumidos y la detección y generación de
alertas de posibles o eventuales desviaciones con respecto a dichos compromisos
y metas. El mecanismo tiene el propósito de determinar ajustes en la planeación
que se consideren pertinentes para el logro de los objetivos, con base en el resultado de las evaluaciones. Las tareas
asociadas al monitoreo y evaluación corresponden a las instituciones rectoras
de los subsectores del sistema educativo (Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación e Instituto de Formación Técnico
Profesional) y a las organizaciones con responsabilidad directa en la ejecución
de los compromisos derivados del Pacto.
9.4
Establecer el mecanismo de veeduría social como el instrumento mediante el cual
las instituciones y organizaciones firmantes que no tienen responsabilidad
directa en la ejecución de las acciones derivadas del Pacto, verifican el
cumplimiento de los compromisos asumidos por todos los actores y el logro de
los objetivos propuestos.
9.5
Establecer el mecanismo de coordinación conjunta como el instrumento para
la articulación de acciones entre todos
los compromisarios. Esta instancia estará integrada por el Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo, y el Consejo Económico y Social, con el
propósito de promover la continuidad y transparencia de los procesos, la
adopción de metodologías de trabajo y un permanente flujo de información,
sustentado en sistemas debidamente integrados que faciliten la oportuna
rendición de cuentas. Para tales fines, contará con un comité técnico de apoyo,
integrado por representantes de ambas instituciones que coordinarán la
elaboración de un sistema de indicadores para medir el cumplimiento de los
compromisos y el logro de los objetivos
planteados en el Pacto y establecer las fuentes y medios de
verificación.
9.6
Realizar un informe semestral de monitoreo y evaluación de procesos y un
informe anual de veeduría bajo la responsabilidad del mecanismo de coordinación
conjunta, con el propósito de determinar el grado de avance en el logro de los
objetivos y metas, verificar el progreso en el cumplimiento de los compromisos
asumidos por los actores políticos, económicos y sociales, y analizar el impacto de las políticas
públicas adoptadas en el marco del Pacto. Estos informes considerarán como
insumos los reportes de seguimiento generados por el Ministerio de Educación,
el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Instituto de
Formación Técnico Profesional; los sistemas de planeación, de presupuesto y función pública; así como
las iniciativas de seguimiento de políticas públicas en curso, como son el
SIGOB y la IDEC para la educación pre-universitaria, entre otros. Estos
informes deberán ser presentados al pleno de los firmantes del Pacto y
comunicados a la opinión pública.
9.7
Designar al Comité Técnico de Apoyo como punto focal para facilitar información
a la ciudadanía con relación al proceso de veeduría social y fortalecimiento de
la corresponsabilidad social.
9.8
Establecer canales de comunicación para las tareas de monitoreo, evaluación y
veeduría social, que permitan la participación de los actores integrantes de la
comunidad educativa y demás actores sociales interesados en la mejoría de la
educación, a fin de tomar en cuenta sus opiniones y contribuciones al proceso
de implementación del Pacto.
9.9
Asignar recursos provenientes de las instituciones públicas compromisarias del
Pacto Educativo y gestionar apoyo técnico y financiero de organizaciones de la
sociedad civil y organismos de
cooperación internacional con el propósito de financiar el monitoreo, evaluación y
veeduría social del proceso de
implementación del Pacto.
9.10
Elaborar un reglamento que rija las funciones de monitoreo, evaluación y
veeduría social del proceso de implementación del Pacto. El Comité Técnico de
Apoyo presentará, en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la
firma del Pacto, una propuesta de Reglamento Interno a ser aprobado en sesión
de trabajo de los compromisarios del Pacto.
Consideraciones finales
La
construcción de la visión de la educación a que aspiramos los compromisarios de
este Pacto y la superación de desafíos
en materia de cobertura, calidad y equidad en todos los niveles
educativos, demandan revisar y reformar el sistema educativo dominicano.
Todas
y todos concordamos que la reforma de la educación es una tarea compleja que
requiere capacidad de renuncia, esfuerzo sostenido y de largo plazo, y
responsabilidad compartida. Semejante tarea demanda entusiasmo, compromiso y
creatividad de todas las partes.
Declaramos
que trabajaremos, unidos y de forma permanente, para hacer realidad la
educación que imaginan los niños, niñas y adolescentes, y que anhelan las
personas jóvenes y adultas de la República Dominicana.
Y a todo esto nos comprometemos, los que
hoy firmamos, en el 1er día del mes de abril del año dos mil catorce (2014) en
el Distrito Nacional, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la
República Dominicana.
